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Una mirada al marco legal sobre violencia en el tiempo

La legislación peruana que aborda el tema de la violencia ha tenido avances significativos desde inicios de la década de los noventa.

La Constitución Política del Perú de 1993[1], constitutiva de la base del ordenamiento jurídico nacional, sostiene que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, estableciendo que toda persona tiene derecho a su integridad moral, psíquica y física. De esta manera, al incorporar la integridad psicológica y moral como derecho – las cuales no aparecían en la Constitución del 79 –, sirvió de base para el desarrollo de un marco normativo para enfrentar a la violencia en todas sus formas.

Sin embargo, ese no fue el único hito importante que se desarrolló en 1993 en cuanto al binomio legislación-violencia se refiere. Así, el primer semestre de ese año se promulgó la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar (Ley  N° 26260[2]) con la cual se establecieron las políticas del Estado y de la sociedad frente a la violencia familiar y se dispusieron las medidas de protección correspondientes. Asimismo, se señaló como objetivo de la política estatal la desaparición de la violencia familiar, y se estableció que la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial son las instituciones a las cuales les corresponde intervenir frente a actos de este tipo.

Cuatro años, en 1997, mediante el Decreto Supremo N° 006-97-JUS[3], se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26260, el cual amplió la definición de violencia familiar, incorporando el daño por omisión, el maltrato sin lesión, la amenaza y la coacción grave, e incluyó a otros actores como los parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o quienes habiten en el mismo hogar, como perpetradores de esta violencia. Asimismo, se especificaron los procedimientos necesarios, así como las funciones y competencias de las diversas instituciones, para mejorar la aplicación de los lineamientos políticos frente a la violencia familiar y para fortalecer las medidas de protección para las víctimas de esta situación. La siguiente década estuvo marcada por la aprobación de una serie de leyes modificatorias para ampliar los alcances de esta ley.

De esta manera, en el 2000, a través de la Ley 27306[4], se modificaron varios artículos de la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar. Entre las modificaciones más importantes, destaca que se amplió la definición de violencia familiar, incluyéndose a la violencia sexual e incorporándose a los ex cónyuges y ex convivientes como perpetradores de dicha violencia, y que se señaló explícitamente la necesidad de implementar medidas de prevención y atención de la violencia familiar en las zonas rurales del país. La Ley 27982[5], modificatoria también del Texto Único Ordenado y aprobada el 2003, entre otras modificaciones, les quitó al fiscal y a la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente la potestad de llevar adelante audiencias de conciliación en casos de violencia familiar. Con esta modificatoria también se aumentaron las medidas de protección inmediatas para la víctima.

En esta misma línea, el 2004 se promulga la Ley que crea Hogares de Refugio Temporal para las Víctimas de Violencia Familiar, Ley N° 28236[6], la cual señala la creación de hogares de refugio temporal, a nivel nacional, para las personas que son víctimas de violencia familiar y que se encuentran en situación de abandono, riesgo o peligro inminente a causa de la violencia familiar. Asimismo, esta ley modifica el artículo 3 de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, señalándose que, como política permanente del Estado contra toda forma de violencia familiar, se deben promover la creación de hogares de refugio temporal, servicio de consejería, entre otros. El 2008, sucede otra modificatoria importante del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26260, mediante la ley 29282[7], la cual modifica una serie de artículos así como las disposiciones finales. Estas modificaciones estuvieron referidas a la definición de violencia familiar, a los deberes y capacidades de los miembros de la Policía Nacional en caso de denuncia policial, al fortalecimiento de las medidas de protección inmediatas, al contenido de la sentencia, a las medidas cautelares anticipadas, entre otros aspectos.

Sin embargo, la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar no es el único instrumento jurídico desarrollado durante la década de los noventa para hacer frente a la violencia. De este modo, si bien nuestro país ya contaba con un Código de Menores desde 1962, este, además de estar dirigido particularmente al menor en situación irregular (abandonados, que se encontraban en peligro, que tenían deficiencias, con necesidad temporal, etc.), concebía al menor como un objeto de tratamiento de programas de asistencia, y no como un sujeto de derecho (Aguilar 1996: 434)[8], por lo cual, se vio la necesidad de modificarlo. Así, en 1992, en una coyuntura internacional favorable para la infancia, mediante el Decreto Ley 26102, se aprobó el Código de los Niños y Adolescentes[9]. En este se establece que todo niño y adolescente son sujetos de derechos, libertades y de protección específica, y que toda medida concerniente a estos que adopte el Estado considerará el interés superior del niño y el adolescente así como el respeto a sus derechos. Posteriormente, en el 2000, mediante la Ley 27337[10], se aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes, el cual sigue vigente hasta la fecha. Este, además de constituir la base legal sobre los derechos de los niños y adolescentes en el Perú, estipula que el niño y el adolescente tienen derecho a que se respete su integridad moral, psíquica y física, y que no pueden ser sometidos a tortura, ni a trato cruel o degradante. Asimismo, establece el desarrollo de programas para niños o adolescentes maltratados o víctimas de violencia sexual, y se señala que, en caso de maltrato físico o mental, la familia o los adultos responsables de los niños o adolescentes perderán la patria potestad.

Por otro lado, el Código Penal actualmente vigente en nuestro país, aprobado en 1991 mediante el Decreto Legislativo N° 635[11], si bien no tipifica a la violencia familiar como delito, sí considera a esta como un agravante, y a la violencia sexual como un delito específico. De esta manera, mediante la Ley 26788[12] aprobada en 1997, se incluyó como agravante de una lesión el que la víctima sea menor de 14 años y que el agente sea el padre, la madre, tutor, guardador o responsable de aquel. Asimismo, el 2008, la Ley 29282[13] incorporó la violencia familiar como agravante para el caso de lesiones leves y graves. La violación de la libertad sexual también ha sido tipificada como delito en el Código Penal, siendo en numerosas ocasiones modificada con el fin de aumentar y fortalecer el alcance de la sanciones en caso de violencia sexual. Así, se han señalado como agravantes la existencia de un vínculo familiar y el que la víctima sea menor de edad, entre otros.

En cuanto a la legislación contra la violencia sexual, estas también abarcan los espacios educativos y laborales. En este sentido, la Ley N° 27911[14], publicada el año 2003, establece medidas administrativas sancionadoras, como la separación definitiva o la destitución para el personal docente o administrativo implicado en delitos de violación de la libertad sexual en agravio de un educando. Asimismo, la Ley 27942[15], también publicada el 2003, establece medidas para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual producido en las relaciones de autoridad o dependencia, en el los centros de trabajo públicos o privados, en las instituciones educativas, y en las instituciones policiales o militares.

La violencia escolar, por su parte, tardó en ser legislada. Así, recién el 2011 se aprueba la Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas (N° 29719[16]). En esta se establecen mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento, la intimidación y cualquier acto considerado como acoso, en cualquiera de sus modalidades, entre los alumnos de las instituciones educativas. Entre otras cosas, esta ley declara que cada institución educativa debe contar con al menos un profesional de Psicología que se encargue de la prevención y el tratamiento de los casos de acoso y violencia entre los alumnos. Asimismo, se señalan las obligaciones de las distintas entidades y personas (Ministerio de Educación, docentes, director de la institución educativa, padres y apoderados, y otras entidades del estado como la Defensoría del Pueblo e INDECOPI) en casos de cualquier suceso de violencia entre estudiantes.

De esta manera, desde inicios de la década de los noventa la legislación peruana ha tenido avances significativos en la promulgación de normas para hacer frente a distintas formas de violencia contra la mujer y contra los niños, niñas y adolescentes. No obstante, si bien se observa un permanente esfuerzo por revisar y modificar las leyes para ampliar su alcance, aún hace falta la evaluación de las normas para poder medir el impacto que han tenido.

No obstante, si bien desde inicios de la década de los noventa se han promulgado una serie de leyes para hacer frente a distintas formas de violencia contra la mujer y contra los niños, niñas y adolescentes, y se ha observado un permanente esfuerzo por modificar las leyes para ampliar su alcance, aún hace falta la evaluación de estas normas para poder medir el impacto que han tenido.

Referencias

[1] Constitución disponible en http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1993/Texto_actualizado_CONS_1993.pdf

[2] Ley disponible en http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26260.pdf

[3] Ley disponible en http://www4.congreso.gob.pe/I_organos/mujeres_parlamentarias2009/imagenes/TUOLPFVF.pdf

[4]  Ley disponible en http://www4.congreso.gob.pe/I_organos/mujeres_parlamentarias2009/imagenes/Ley_27306.pdf

[5] Ley disponible en http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27982.pdf

[6] Ley disponible en http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28236.pdf

[7] Ley disponible en http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29282.pdf

[8] AGUILAR, Benjamín. (1996). ¿Un nuevo derecho para los niños y adolescentes? En Derecho PUCP, Número 50. Disponible en: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/5939/5948

[9] Ley disponible en http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26102.pdf

[10] Ley disponible en http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27337.pdf

[11] Disponible en http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default-codpenal.htm&vid=Ciclope:CLPdemo

[12] Ley disponible en http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26788.pdf

[13] Ley disponible en http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29282.pdf

[14] Ley disponible en http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27911.pdf

[15] Ley disponible en http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27942.pdf

[16] Ley disponible en http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29719.pdf